En la primera semana de agosto de 2026, la filial de Caleta Olivia del gremio docente ADOSAC presentó un relevamiento alarmante que expone la grave situación edilicia que atraviesan numerosas instituciones educativas de la ciudad. Bajo la consigna “¡No es falta de recursos, es falta de prioridad!”, el reporte detalla una realidad de clases suspendidas, rotación de alumnos y condiciones de aprendizaje precarias.
El frío como principal obstáculo
La falta de calefacción es el denominador común en la mayoría de los establecimientos afectados. Según la información actualizada al 5 de agosto de 2026, instituciones como la EPP 74, el Jardín 67, la EPP 88 y el CPES 42 no cuentan con un sistema de calefacción funcional, lo que ha obligado a los estudiantes a compartir edificios o directamente a la suspensión de actividades presenciales.
En otros casos, como en la EPP 82, el Jardín 58, la EPP 65, el CPES 27 y la EPP 69, la carencia de calefacción en sectores específicos ha forzado la implementación de un sistema de rotación de cursos o grados, impidiendo la normalidad del ciclo lectivo.
Peligro estructural y falta de servicios básicos
La crisis no se limita solo a la temperatura. El informe destaca situaciones de riesgo extremo:
- EPP 43: Las clases se encuentran suspendidas por no contar con condiciones edilicias seguras.
- EBIMAL: Suspensión total de actividades por falta de agua.
- CPES 22 / EPJA Primaria N°16: Reportan una jornada reducida por problemas eléctricos, además de paredes y techos con humedad y desprendimiento de revoque. Durante los días de lluvia, la EPJA debe suspender sus actividades ante el riesgo eléctrico latente.
- CPES 20: La biblioteca carece de calefacción y el gimnasio presenta graves filtraciones de agua y goteras.
Un reclamo que no cesa
Desde la filial de ADOSAC Caleta Olivia, el mensaje es contundente: “Seguimos exigiendo por nuestras escuelas”. El gremio enfatiza que el deterioro sistemático de los edificios escolares no responde a una cuestión presupuestaria, sino a una desatención política que pone en jaque el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.
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