Tras evaluar el resultado de la audiencia de Conciliación Obligatoria, el gremio resolvió dar continuidad al plan de lucha por el salario y los puestos de trabajo en unidad con el Frente Sindical, decretando un paro total de actividades por 96 horas para los días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo.
Fue lo resuelto en el Congreso Extraordinario realizado hoy viernes, en donde ADOSAC además denunció la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial durante la instancia judicial, calificándola de “extorsiva”, sumado al repudio del accionar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al que acusaron de actuar de manera incongruente en su rol de árbitro al formar parte de la patronal.
El congreso ratificó la exigencia de respuestas concretas ante la subcomisión laboral en tres puntos clave:
-Paritaria salarial: fijación de una fecha precisa con una propuesta concreta que permita al sector salir de la línea de pobreza.
-Proyecto pedagógico: establecimiento de un plan y cronograma de trabajo inmediato para tratar la propuesta de la docencia.
-Devolución de haberes: definición de una fecha próxima para el reintegro de todos los descuentos realizados sobre el salario docente desde diciembre de 2025 hasta la actualidad.
Además la Comisión Directiva Provincial de ADOSAC manifestó su rechazo a las “amenazas” emitidas por el Consejo Provincial de Educación (CPE), recordando que la huelga es un derecho esencial de los trabajadores.
En este marco, apuntaron directamente contra la presidenta del CPE, Iris Rasgido, denunciando penalmente o públicamente la baja de cargos y horas de educadoras en situación de tareas pasivas por razones de salud. A su vez, repudiaron la actitud de supervisores y directivos que ejecutaron la baja de docentes en excepción e idóneos por sumarse a las medidas de fuerza.
Además, el gremio docente definió:
-Rechazo al endeudamiento: repudio a cualquier intento de empréstito estatal, exigiendo que los fondos públicos provengan de las regalías de las empresas mineras y petroleras.
-Infraestructura escolar: demanda de inversión presupuestaria urgente para el mejoramiento edilicio, prioritariamente destinado al sistema de calderas y finalización de obras.
-Obra Social: exigencia por el normal funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales para garantizar el acceso efectivo a atención médica, medicamentos y estudios de laboratorio.
-Rechazo al Acuerdo 717/26: denunció la aprobación unilateral y sin consulta a la comunidad educativa de dicha normativa por parte del CPE.
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