El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas destinado a empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los beneficios contemplados en la Ley 22.431, la Ley 26.928 y la Ley 27.674, normativas que garantizan el acceso gratuito al transporte de larga distancia para personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera para trasplante, y pacientes oncológicos pediátricos.
Las empresas deberán absorber el costo
Hasta ahora, el Estado nacional compensaba parcialmente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos emitidos bajo estas leyes.
Sin embargo, la nueva resolución elimina ese esquema de subsidios y traslada el costo directamente a las empresas.
En el texto oficial se argumenta que, tras la implementación del Decreto 883/2024, las compañías cuentan con libertad para definir recorridos, horarios, precios y modalidades de prestación del servicio.
Según el Gobierno, esta “libertad tarifaria” permite a las empresas incorporar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales vinculadas a la gratuidad de los pasajes.
La resolución sostiene además que “la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada”, por lo que considera “innecesaria” la continuidad del régimen de subsidios.
El beneficio continúa vigente
Pese a la eliminación de las compensaciones económicas, el Gobierno aclaró que el derecho a viajar gratuitamente continúa plenamente vigente y que las empresas siguen obligadas a otorgar los pasajes contemplados por ley.
En ese marco, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará fiscalizando el cumplimiento de las empresas de transporte.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la quita de subsidios “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, aunque organizaciones vinculadas al sector de discapacidad manifestaron preocupación por el posible impacto de la medida sobre la disponibilidad efectiva de pasajes.
Reclamos por la situación del sector
La resolución se conoce en medio de fuertes reclamos de organizaciones de discapacidad y prestadores de servicios, que denuncian recortes, demoras en pagos y dificultades crecientes para sostener prestaciones esenciales.
Además, distintos sectores cuestionan el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, sancionada por el Congreso y respaldada en distintas instancias judiciales, pero que todavía no fue implementada plenamente por el Gobierno nacional.
En paralelo, también existen críticas hacia iniciativas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei, que según organizaciones sociales podrían profundizar los recortes en coberturas y prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Fuente: Página/12.
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