Tras más de dos años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento

Incluye ajuste salarial, junto con fondos adicionales para hospitales y gastos de funcionamiento; nueva etapa tras una puja que derivó en paros, marchas y judicialización

Luego de más de dos años de una puja que erosionó la relación entre la administración libertaria y la comunidad académica, el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales lograron finalmente coincidir en un acuerdo económico para destrabar el conflicto presupuestario.

La propuesta acordada es un aumento salarial del 24,33% –21,33% para junio y un 3% adicional en octubre– y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. El acuerdo se terminó de sellar este mediodía en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales en donde todos firmaron el acta que formaliza los ajustes.

“Esta actualización contempla la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024″, precisa el acta firmada. Allí también aclaran que, tras el encuentro de hoy, la paritaria pasará a un cuarto intermedio de hasta tres meses para continuar la discusión salarial “contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al Indec y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje”.

Esta es la principal diferencia con la ley aprobada y sostenida por el Congreso, en la que se reconocía la recuperación desde el 1° de diciembre de 2023.

Este desenlace llega luego de dos semanas de conversaciones y de un derrotero de casi tres años que incluyó cuatro marchas federales universitarias, clases públicas, frente a la casa de Manuel Adorni o la Corte Suprema, tomas de colegios, semanas enteras de paros docentes, seis votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y una judicialización que llevó la disputa hasta la Corte Suprema de Justicia.

Desde abril de 2024, cuando la primera movilización reunió a más de 400.000 personas en defensa de la educación pública, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales frentes de la “batalla cultural” libertaria. Y tuvo múltiples capítulos: acusaciones de “curros” en las universidades públicas, resistencia a las auditorías, denuncias de adoctrinamiento, cuestionamientos por falta de eficiencia, alumnos fantasmas y exceso de extranjeros.

Hoy, con la autorización de una partida de $800.000 millones por parte del Ministerio de Economía y la promesa de paritarias cada tres meses en lo que resta del año, el sector universitario vislumbra la posibilidad de un alivio en su principal urgencia: los salarios. El acuerdo busca cerrar –al menos de forma parcial– uno de los conflictos más persistentes del primer tramo de la gestión libertaria, aunque el proceso judicial continúa abierto.

Y representa, además, una mejora significativa respecto de la “ley aternativa” que la administración libertaria intentó impulsar sin éxito en el congreso, que proponía apenas un 12,3% de actualización. Meses antes había intentado derogar la ley de financiamiento aprobada en la votación del presupuesto 2026.

Sin plazos definidos para un fallo de la Corte, ambas partes se mostraron dispuestas a dialogar desde hace algunas semanas. Por parte del Gobierno las negociaciones las llevó älvarez y en representación de las casas de estudios participaron el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) y Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro).

El acuerdo no se limita exclusivamente a la recomposición de los salarios docentes y no docentes. A esto se agregarán $50.000 millones para los hospitales universitarios, no contemplados en el presupuesto 2026, que se suman a los $80.000 millones ya previstos para estos centros de salud, cuya distribución venían reclamando.

A la vez, se contempla un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, exclusivas para carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, que se mantienen congeladas en $81.685 desde 2024. No está contemplado un aumento para las becas Progresar, que cubren un espectro más amplio —educación secundaria y todos los niveles superiores— y por las que reclamaban.

Fuente: La Nacion