Con la firma del Decreto N.º 0644, el gobernador Claudio Vidal formalizó la restitución del doctor Eduardo Emilio Sosa como Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, poniendo fin a una lucha judicial e institucional que se extendió por más de tres décadas.
El decreto, fechado el 26 de junio de 2026, da cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al acuerdo otorgado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, completando así el último paso administrativo para el regreso de Sosa al cargo del que había sido desplazado.
La historia comenzó en 1995, cuando una ley provincial eliminó el cargo de Procurador General, lo que en los hechos significó la remoción de Sosa. Desde entonces inició un largo recorrido judicial para reclamar la restitución de sus derechos y el respeto a las garantías constitucionales que amparan la estabilidad de los funcionarios judiciales.
Años más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Estado provincial debía restituirlo en su cargo, al considerar que la eliminación del puesto no podía utilizarse como mecanismo para desplazar a un funcionario protegido por la Constitución. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de esa sentencia se demoró durante varios años.
Con el acuerdo legislativo aprobado semanas atrás y la firma del decreto por parte del gobernador Claudio Vidal y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, la Provincia concretó finalmente la restitución ordenada por el máximo tribunal del país.
El Decreto N.º 0644 recuerda en sus fundamentos el fallo de la Corte Suprema, el acuerdo prestado por la Legislatura y las disposiciones de la Constitución Provincial que habilitan la designación, dejando formalmente restituido a Eduardo Emilio Sosa como Procurador General.
La firma del decreto representa el cierre de uno de los procesos institucionales más prolongados de la historia reciente de Santa Cruz y marca el cumplimiento de una deuda que permanecía pendiente desde hacía más de treinta años, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el respeto a la ley, las instituciones y las decisiones de la Justicia.
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