La Provincia formalizó la reglamentación de la normativa en un acto realizado en Casa de Gobierno. El nuevo marco establece las herramientas necesarias para garantizar su aplicación, fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad y definir recursos y responsabilidades para su implementación en todo el territorio provincial.
El Gobierno de Santa Cruz presentó la reglamentación de la Ley N° 3820 en la Sala de Situación “Gobernador Juan Manuel Gregores” de Casa de Gobierno, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio provincial.
El acto fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; y la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa. Asimismo, acompañaron integrantes del Gabinete provincial, legisladores, ediles, directores de escuelas especiales y referentes del área de discapacidad de las distintas localidades de Santa Cruz.
La reglamentación representa la puesta en marcha del marco operativo necesario para la aplicación de la norma, a partir de un trabajo articulado entre el Estado provincial, organizaciones, asociaciones y familias. La iniciativa busca fortalecer la intervención estatal y garantizar respuestas concretas a las demandas del sector.
Inversión social y trabajo articulado
Durante el acto, las autoridades destacaron el proceso de trabajo técnico y de consenso que permitió avanzar en la reglamentación, así como la necesidad de acompañar su implementación con recursos específicos.
En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, sostuvo:
“Es fundamental ser consecuente entre lo que proyectamos desde la Cámara de Diputados y lo que implica desde lo presupuestario llevar adelante. Nosotros no somos relatos, venimos a cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer; este es un ejemplo de poner en valor la visibilidad y hablar de inclusión en serio”.
En la misma línea, el titular de la cartera social hizo hincapié en la necesidad de transformar de fondo las políticas públicas del área: “Tenemos que institucionalizar, reglamentar y generar leyes que nos permitan hacer una transformación de Desarrollo Social, que la pata fuerte no sea solamente el asistencialismo. Ponemos el cuerpo y, como dice el gobernador, lo que prometemos cumplimos”.
Por su parte, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, se refirió a los recursos destinados a atender situaciones vinculadas con discapacidad:
“En lo que va del año, asciende más o menos a 900 millones de pesos que se atiende por situaciones exclusivamente especiales y al área de discapacidad. Es el área que más recurso necesita para atender esa demanda porque la población no solamente es el adulto, es el adolescente, es el niño, es la familia”.
Asimismo, Quiroga valoró la labor de las áreas intervinientes y el compromiso humano puesto en la elaboración de la reglamentación: “Estamos involucrados en las personas con discapacidad desde el sentimiento, los vínculos y lo familiar. Cuando ingresamos dijimos que hay que cambiar la matriz de intervención de lo social en el territorio”.
Una reglamentación construida con participación
La subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa, destacó el proceso de trabajo desarrollado durante el último año para alcanzar acuerdos entre los distintos sectores involucrados.
“Fue un año de mucho trabajo. No fue fácil, tuvimos que consensuar ambas partes, asociaciones, familia y Estado”, explicó.
Ulloa también señaló que la reglamentación implicó tomar decisiones vinculadas con los recursos y la implementación territorial de la norma: “Había que tomar decisiones políticas, ya sea con el presupuesto, analizar cómo íbamos a encarar la situación, ver cómo podemos posicionar esta reglamentación desde concejales hasta intendentes”.
Adhesión y aplicación en todo el territorio
La implementación de la normativa contempla la adhesión de los municipios y la articulación con distintos organismos provinciales, entre ellos el Consejo Provincial de Educación y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).
En este marco, Quiroga destacó el rol que tendrán los representantes municipales y convocó a fortalecer el trabajo conjunto: “Los concejales tienen una misión muy importante: adherir a la ley y trabajar articuladamente con el gobierno provincial. Lo social es transversal, nos atraviesa a todos y no hay cuestiones políticas que nos diferencien”.
Asimismo, sostuvo que detrás de la normativa existen necesidades concretas que requieren una respuesta articulada del Estado: “Detrás de esta ley hay personas que necesitan de la atención y de que todos nos involucremos para darles la mejor calidad de vida”.
Finalmente, Ulloa sintetizó el alcance de la reglamentación y su importancia para hacer efectiva la normativa: “Reglamentar es garantizar, es ponerle nombre, presupuesto y responsables a cada artículo”.
De esta manera, el Gobierno Provincial avanza en la implementación efectiva de la Ley N° 3820, fortaleciendo las políticas de inclusión y promoviendo una intervención estatal articulada que permita garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias en Santa Cruz.
Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.
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