Mientras la mayor parte de las dependencias policiales de Santa Cruz retomó sus actividades habituales, el bloque legislativo Por Santa Cruz avaló la resolución tomada por el Gobierno. Apuntó a una razón política de los que buscan sostener el conflicto.
Tras varios días de reclamo protagonizado por efectivos policiales en distintas localidades de Santa Cruz, la situación se normalizó en casi toda la provincia. El foco de protesta hoy se reduce sólo a la ciudad de El Calafate y algunas divisiones de Río Gallegos, mientras que en el resto de las localidades el personal retomó sus funciones plenamente y el servicio se presta con normalidad.
En ese contexto, el bloque legislativo Por Santa Cruz dio a conocer un comunicado en el que expresó su respaldo a las acciones impulsadas por el Gobierno Provincial para resolver el conflicto, sostuvo que se agotaron las instancias de diálogo con la fuerza policial y cuestionó la continuidad de las medidas de protesta y las razones que hay detrás de las mismas.
COMUNICADO DEL BLOQUE POR SANTA CRUZ
“Los intereses políticos no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños”
Los integrantes del bloque legislativo Por Santa Cruz entendemos que el Gobierno Provincial realizó el máximo esfuerzo para resolver el conflicto policial. Luego de haber promovido y agotado todas las instancias de diálogo necesarias, y de haber presentado 15 propuestas salariales que fueron rechazadas, se resolvió, mediante la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad, ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026, otorgar una recomposición salarial que posiciona a la Policía de Santa Cruz entre las tres fuerzas mejor remuneradas del país.
Esta decisión fue adoptada con responsabilidad, priorizando el equilibrio de las cuentas públicas y el reconocimiento al trabajo que diariamente realizan los hombres y mujeres de nuestra fuerza de seguridad.
Si bien la gran mayoría de los efectivos ya retomó sus puestos de trabajo y el servicio comenzó a normalizarse en casi toda la provincia, un grupo reducido de manifestantes, de cuestionable representatividad, mantiene la medida de fuerza. Entendemos que esta situación ya no responde a un reclamo genuino de la mayoría de la fuerza, sino que se encuentra atravesada por intereses políticos que, paradójicamente, terminan atentando contra la posibilidad de seguir construyendo mejoras salariales y laborales.
En la actualidad, los municipios de Río Gallegos y El Calafate mantienen una deuda con la Caja de Previsión Social de $66.944.860.951,58 y $322.761.262,12, respectivamente. A su vez, adeudan a la Caja de Servicios Sociales $41.979.176.336,63 y $5.615.829.043,26, respectivamente.
Como legisladores elegidos por el pueblo, tenemos la obligación de exigir el cumplimiento de la ley. Esas deudas no pertenecen al Gobierno Provincial, sino que son recursos de todos los trabajadores santacruceños. Su incumplimiento pone en riesgo el financiamiento de nuestro sistema previsional y de salud, al tiempo que limita la capacidad del Estado para seguir mejorando salarios e invirtiendo en infraestructura.
Estas obligaciones continúan incrementándose a un ritmo cercano a los 3.600 millones de pesos mensuales. Si esos recursos fueran transferidos en tiempo y forma, la Provincia dispondría de mayores herramientas para fortalecer los ingresos de los empleados públicos y continuar invirtiendo en salud, educación, seguridad, viviendas y obras para todos los santacruceños.
Nosotros, como representantes de una gran parte de la sociedad santacruceña, no toleramos más mentiras ni campañas de desinformación. Quienes hoy intentan esconderse detrás de un reclamo son los mismos sectores políticos que durante años dejaron a las fuerzas de seguridad, a los docentes y al conjunto de los trabajadores públicos con salarios deteriorados y sin respuestas.
Hoy buscan mostrarse indignados, pero fueron ellos quienes utilizaron y expusieron a efectivos, retirados y a sus familias para obtener un rédito político, poniendo por delante sus intereses partidarios antes que la tranquilidad y la seguridad de todos los santacruceños.
La seguridad de nuestra provincia y el bienestar de los trabajadores públicos no pueden quedar subordinados a especulaciones políticas. Es momento de actuar con responsabilidad, cumplir la ley y defender los intereses de Santa Cruz por encima de cualquier conveniencia partidaria.
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